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MÉDULA

Jesús Lépez OchoaLa postura migratoria del gobierno de Donald Trump no sólo debe mover a la defensa de nuestros paisanos que radican en los Estados Unidos, sino a replantear las políticas sociales y económicas para contener la emigración.En los últimos años el mayor énfasis se ha puesto en las zonas rurales que han sido históricamente las de mayor marginación y tradicionalmente expulsoras de gran parte de su población hacia las ciudades o al extranjero.La intervención gubernamental a través de los programas sociales ha tenido un impacto positivo, al menos en Guerrero, donde entre 2010 y 2015 la población con carencia de servicios de salud disminuyó de 46.1 a 14.9 por ciento, por poner un ejemplo.Actualmente se siguen aplicando acciones. El pasado fin de semana el gobernador Héctor Astudillo Flores, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Mikel Arriola Peñalosa y la titular de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (Cdi), Nuvia Mayorga, inauguraron cuatro Unidades Médicas Rurales (UMR) en los municipios de Acatepec, Cochoapa El Grande, Metlatónoc y Ayutla de los Libres.Esas unidades en las que hay una inversión de 74 millones de pesos atenderán a 12 mil guerrerenses que hablan náhuatl, mixteco y tlapaneco.Es positivo que se siga atendiendo a esos municipios que han mantenido un muy alto grado de marginación y un alto rezago social, pero la actualidad marca la necesidad de ampliar a la par, la intervención en zonas urbanas y no necesariamente con infraestructura, sino con opciones productivas.En su reciente visita a Estados Unidos el gobernador advirtió que saludó a muchas personas de Acapulco y Chilpancingo que radican allá.No es un comentario frívolo, sino una realidad. Las cifras del Banco de México indican que Acapulco es el principal receptor de remesas, junto con Tlapa, Pungarabato, Chilpancingo e Iguala, es decir, zonas urbanas. La tradición cambió.Un dato importante es que de acuerdo con el informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social 2017, de la Secretaría de Desarrollo Social, entre el año 2000 y el 2015, Acapulco, Chilpancingo e Iguala avanzaron positivamente en el indicador de rezago social. Pasaron de muy bajo, a solamente bajo.¿Cómo es que municipios que redujeron su rezago social se convirtieron en los principales expulsores de migrantes en ese periodo de tiempo?Esa es la gran pregunta que no he visto plantearse a la comunidad académica que participa en los múltiples foros que se han generado en últimas fechas, y que da pie al análisis de coyuntura que los tres niveles de gobierno deberían hacerse para entender y atender el por qué del fenómeno migratorio actual, y reorientar los programas necesarios para contenerlo.Es decir, no debemos reducir el análisis a Trump, sino a un periodo más amplio y que va del año 2000 al 2015, en el que se generó esta contradicción a la creencia de que a menor rezago menor emigración.¿Por qué contener un fenómeno que inyectó el año pasado mil 371 millones de dólares a la economía del estado? Porque nos demuestra la capacidad de nuestros paisanos para generar riqueza en otros lugares, ante la falta de oportunidades para hacerlo en su tierra.La política social y económica deben ir de la mano si realmente queremos arraigar a nuestra población y que su fuerza de trabajo desarrolle a nuestro país y a nuestro estado, de este lado de la frontera.Se trata de un fenómeno que ha crecido y modificado su comportamiento de rural a urbano a lo largo de los años y que la situación actual obliga a analizar y atender a fondo, más allá de las medidas para mitigar el impacto de las deportaciones o gravámenes a las remesas ideadas por Trump.La atención al tema de la migración no debe ser coyuntural, si no permanente para los tres niveles de gobierno y la comunidad académica.jalepezochoa@gmail.com

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