Jesús Lépez OchoaLa modificación al artículo 14 de la Constitución Política del Estado de Guerrero aprobada por el Congreso pretende subsanar la ambigüedad que dio origen a grupos armados como el FUSDEG, UPOEG y la Policía Tecampanera, entre otros, y da mayores atribuciones a auténticos sistemas de justicia comunitaria como es el caso de la CRAC.Para nadie son secreto los sangrientos enfrentamientos entre UPOEG y FUSDEG por el control del Valle del Ocotito y Tierra Colorada, así como sus mutuas acusaciones de servir a intereses delincuenciales.En medio de esta confrontación con armas de alto poder no sólo han quedado los pacíficos habitantes de las comunidades en la zona de conflicto, sino el turismo, no sólo por los constantes retenes en la carretera federal que une a Acapulco con la capital del estado, sino porque en varias ocasiones turistas han resultado heridos a tiros por no detenerse cuando encapuchados armados les marcan el alto.El caso más reciente sucedió hace unos días el pasado 20 de julio cuando en Tierra Colorada fue herido un turista de 16 años de edad.Esa ambigüedad que ha permitido que personas que nada tienen que ver con los pueblos originarios y afromexicanos se apoderen del territorio y hagan de las suyas, motivó la recomendación 09/2016 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.La recomendación pide al Congreso de Guerrero “elaborar y presentar las iniciativas de ley y de reformas necesarias, para asegurar un pleno respeto a la autonomía y autodeterminación de los pueblos y comunidades indígenas, que definan como mínimo a) una adecuada delimitación de competencias en las materias de seguridad pública e impartición de justicia y b) el establecimiento de los mecanismos legales de vinculación y coordinación entre los sistemas normativos indígenas y el sistema jurídico estatal”.Esta derivó de la detención de personas por parte de la Policía Comunitaria de Olinalá, así como la que el gobierno respectivamente hizo de integrantes de este grupo de civiles armados comandados por la hoy senadora electa Nestora Salgado.La nueva reforma enviada por el gobernador Héctor Astudillo Flores, y que fue analizada junto con otras dos que fueron presentadas por los partidos PRD y Movimiento Ciudadano, da un marco más amplio a los sistemas normativos comunitarios para que establezcan la regulación y solución de sus conflictos internos, incluso los calificados como delito, lo cual, contrario a lo que se ha dicho desinformadamente, fortalece a las auténticas organizaciones indígenas y afromexicanas.En la redacción anterior del artículo 14 se disponía únicamente la existencia de un “sistema de faltas, sujetas a su reglamento interno, que no constituyan ilícitos tipificados en el Código Penal del Estado”.Ahora está pendiente la Ley Secundaria que delimitará las competencias en materia de seguridad pública e impartición de justicia de esas comunidades, así como los mecanismos de vinculación y coordinación entre los sistemas normativos indígenas y el sistema jurídico estatal para garantizar el respeto las garantías individuales y los derechos humanos.
