Carlos NavarreteChilpancingo, Gro., (Abril 25, 2017).- Ante la omisión del Congreso de Guerrero por no dictaminar aún las iniciativas de reforma al Código Penal para que la extorsión sea un delito grave y hacer más severas las penas contra “halcones” de la delincuencia organizada, la Barra de Abogados de Acapulco advirtió que podría interponer juicios de amparo para obligar al Legislativo a cumplir su trabajo.Este martes, integrantes de la Barra de Abogados, que preside Félix Tapia Espinoza, se reunieron con el coordinador de la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía Berdeja, quien ha promovido ambas iniciativas, para conocer el estado que éstas guardan.En conferencia de prensa al concluir la reunión, que se desarrolló en la biblioteca Siervo de la Nación del Congreso, Tapia Espinoza expresó que la inseguridad que priva el estado afecta todos los sectores de la población lo que, afirmó, es preocupante.Indicó que ambas iniciativas -una para que la extorsión se eleve a delito grave y amerite prisión preventiva de quienes lo cometan, y la segunda que plantea incrementar las penas contra los informantes de grupos criminales- beneficiarían a toda la población si se aprobaran en el Congreso cuanto antes.Criticó que a un año de que ambas iniciativas fueron presentadas ante el pleno, ninguna haya sido dictaminada en comisiones, por lo que llamó al resto de las fracciones parlamentarias a darle prioridad al tema toda vez que la inseguridad es el principal problema que enfrenta la entidad.En el caso de la extorsión, recordó que si no hay denuncias de quienes la sufren es por miedo a sufrir represalias, toda vez que quien sea señalado de cometer ese delito puede seguir su proceso en libertad, pues al no ser un delito grave no amerita prisión preventiva.Además indicó que el trabajo de la Fiscalía General del Estado (FGE) no es eficiente, ya que es difícil acceder a medidas cautelares para evitar agresiones de la delincuencia cuando se presenta una denuncia.Por ello advirtió que si no se le da celeridad a los dictámenes, la Barra de Abogados promoverá amparos para que un juez obligue a los diputados a resolver ambas iniciativas, porque están incurriendo en omisión legislativa.“Estas iniciativas vendrían a beneficiarnos a todos, porque todos padecemos de la violencia, principalmente en el tema de extorsión, es hora de que todas las fracciones se pongan de acuerdo de lo contrario tendremos que iniciar un procedimiento”.Por su cuenta, Ricardo Mejía consideró que es necesario quitar el freno legislativo que existe en las comisiones, a fin de que se dictaminen todas las iniciativas que están rezagadas.Dijo que la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano presionará desde el interior del Congreso para lograr los avances legislativos que ser requieren a fin de atender la crisis de inseguridad y violencia que padece la entidad.
