Alejandro Alvarado GonzálezZihuatanejo, Gro., (Mayo 23, 2018).- Este miércoles, la jueza de control Patricia Lozano Hernández vinculó a proceso por el delito de amenazas el caso presentado en 2017 por la periodista Brenda Escobar Sánchez, en contra de dos imputados -un hombre y una mujer-; precisar que en Guerrero es el primer expediente que logra esta acción dentro del nuevo sistema de justicia penal.Edgar Bautista Muñoz, asesor jurídico particular de la reportera de El Sur, dio a conocer que la audiencia inicial relacionada con el expediente C-31/2018, se desahogó este miércoles en la segunda sala de juicio oral del Palacio de Justicia en Zihuatanejo; además de vincular a proceso a los imputados, la juez de control y enjuiciamiento penal dictó cuatro medidas cautelares:1.- Durante todo el tiempo del juicio ambos imputados deberán acudir cada quince días a firmar en la unidad de medidas cautelares, además 2.- tienen prohibido salir del estado de Guerrero, 3.- no acercarse al domicilio de Brenda Escobar Sánchez y 4.- abstenerse de molestarla al igual que a los testigos del caso, lo cual marca un antecedente, porque históricamente es la primera vez que en el ejercicio de su labor informativa una periodista es escuchada en su demanda por el delito de amenazas, dentro del proceso oral del nuevo sistema de justicia.La defensa intentó desvirtuar los dichos asentados en la carpeta, pero hay suficientes evidencias para establecer el delito de amenazas conforme al artículo 218 del Código Penal; recordar que el 01 de junio del 2017, Brenda Escobar Sánchez cubría una nota informativa para el periódico El Sur, cuando fue amenazada por un hombre y una mujer, incluso el primero volvió a protagonizar un segundo incidente el 15 de noviembre de ese mismo año, cuando una patrulla de la Policía Estatal acudió a brindar protección a la periodista y derivó en el otorgamiento de medidas cautelares que están vigentes, así como una serie de terapias psicológicas recomendadas por el especialista.El abogado Edgar Bautista Muñoz dijo que la Fiscalía no ha tenido el ánimo de judicializar otros casos donde periodistas han sido amenazados, ya que si bien no es un delito grave tampoco es menor y de llegar al juicio oral la condena contempla multa, reparación del daño y trabajos a favor de la comunidad.A partir de la fecha la jueza otorgó el plazo de un mes para la investigación complementaria, a fin de perfeccionar la carpeta judicial, valorando las pruebas pertinentes que conduzcan al juicio oral hasta las últimas consecuencias.
