Zihuatanejo, Gro., (Mayo 9, 2018).- Por segundo día consecutivo las oficinas de la coordinación 12-08 del Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos de Guerrero (IEEJAG), situada en Zihuatanejo, permanecieron tomadas por seis empleados contratados por honorarios que se sumaron al paro estatal para exigir su basificación a las autoridades y así poder disfrutar los beneficios que por ley merece un trabajador.En entrevista, el jefe de Informática de la coordinación 12-08, Ricardo Corrales Nogueda, explicó que las oficinas continuaron cerradas este miércoles, debido a que los líderes del paro a nivel estatal no pudieron llegar a un acuerdo con las autoridades del IEEJAG, recalcó que en ningún momento el director del organismo, Miguel Ángel Mayrén Domínguez entabló diálogo con los protestantes, únicamente mandó a su secretario particular.En ese sentido, detalló que el funcionario (secretario particular del director del IEEJAG) les hizo la propuesta de que para el próximo jueves 10 de mayo iban a tener una audiencia con Miguel Mayrén Domínguez y otras autoridades competentes para darle una solución al problema, pero les pidieron que en lo que se llegaba el día liberaran las instalaciones para que las actividades del instituto no se vieran afectadas, trato que no aceptaron. Corrales Nogueda expresó que no se aceptó la propuesta, debido a que solo fue un compromiso de palabra y lo que ellos buscan es que se haga un oficio o una minuta, el cual venga con la firma de Miguel Ángel Mayrén para que ellos tengan una certeza de que sí se resolverá la problemática, incluso indicó que de preferencia buscan la intervención del gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores para que se agilice más el proceso.Cabe recordar que los seis empleados que se están manifestando en la coordinación del IEEJAG en Zihuatanejo forman parte de los 69 trabajadores que fueron contratados por honorarios, pero que en 2013 interpusieron una demanda ante las instancias correspondientes para que se hicieran valer sus derechos como trabajadores por la gran cantidad de años que llevaban desempeñando sus labores; fue entonces que en abril del 2017 se dictaminó el último laudo, el cual salió a favor de los protestantes, por ello ahora exigen que las autoridades competentes hagan los cambios necesarios para que se respete el acuerdo legal.
