Carlos NavarreteChilpancingo, Gro., (Octubre 3, 2017).- La Auditoría General del Estado (AGE) detectó probables daños patrimoniales en la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA) por 194 millones 577 mil 346 pesos.Este martes, diputados que integran la Comisión de Seguimiento y Evaluación de la AGE, presidida por el priista Samuel Reséndiz Peñaloza, presentaron un informe de la auditoría que se aplicó al ejercicio fiscal 2016 de la paramunicipal, ordenada por el Congreso el pasado 27 de julio.De acuerdo al informe, la CAPAMA realizó condonaciones al saldo de las cuentas de usuarios, sin haber realizado el proceso de justificación y autorización establecido en la normativa interna por un monto de seis millones 441 mil 721 pesos.Además se identificaron saldos a favor de contratistas y proveedores, sin que se realizaran las acciones para su comprobación o, en su caso, recuperación, con una posible afectación al erario de 16 millones 431 mil 589 pesos.Durante el ejercicio se liberaron recursos por concepto de gastos a comprobar y préstamos a funcionarios y empleados de la CAPAMA, sin que a la fecha hayan presentado documentación comprobatoria u justificativa, por un monto de 170 mil 741 pesos.También se identificaron diferencias entre registros contables e inventario físico al cierre del ejercicio de 2016, por 905 mil 374 pesos.Durante la auditoría se identificó el incumplimiento al procedimiento de adjudicación para la presentación de servicios profesionales, además no se presentó evidencia documental que acredite su ejecución. Por este concepto los posibles daños al patrimonio son de 12 millones 576 mil 847 pesos.Los servicios contratados que fueron observados por la AGE son: de evaluaciones de procesos de procura en áreas de adquisiciones y almacenes; capacitación técnica al personal operativo de la CAPAMA, a través de clínicas y seminarios promovidos por fabricantes y/o proveedores; asesoría al personal administrativo que maneja el aspecto contable y fiscal; gestoría de pago por acreditación del Impuesto al Valor Agregado (IVA); y gestiones administrativas para el cumplimiento del reconocimiento de adeudo y liquidación de adeudos entre el organismo y el ayuntamiento de Acapulco.La AGE verificó que a la fecha no se ha cumplido con la totalidad de las obligaciones fiscales y aportaciones de seguridad social, correspondientes al ejercicio fiscal 2016, por un monto de 65 millones 894 mil 971 pesos.Además por el pago en destiempo de otras obligaciones fiscales, se generaron recargos y actualizaciones por cinco millones 681 mil 608 pesos, que fueron pagados con recursos de la paramunicipal.De igual forma se verificó que a la fecha no se ha realizado la totalidad del pago de suministro de energía eléctrica, por 36 millones 886 mil 75 pesos; y se ejercieron recursos adicionales a los autorizados en el presunto de egresos por concepto de nómina, por 26 millones 666 mil 385, sin presentar la autorización correspondiente por parte del órgano de gobierno de la CAPAMA.Aunado a ello se liberaron un millón 118 mil 415 pesos a servidores públicos de la CAPAMA por concepto de “gastos a comprobar”, presentando como documentación comprobatoria facturas de los restaurantes Suntory, Carmenere, Sirocco y Arrecifes; además de honorarios de médicos particulares, medicamentos del Hospital Privado Magallanes, y consultas y medicamentos a favor del director del organismo, Javier Chona Gutiérrez.La CAPAMA adquirió 114 medidores de agua ultrasónicos, con un costo de 72 mil 291 pesos cada uno, de los que no se tiene evidencia de su entrada, salida, resguardo y/o destino final. Esta observación de la AGE es por ocho millones 241 mil 196 pesos.El último concepto que se presume como daño patrimonial, es por 13 millones 571 mil 419 pesos y corresponde a la renta de servicios de pipas de agua y de maquinaria, de las que no se presentó evidencia documental que justifique o acredite el dinero ejercido.En la conferencia, el coordinador parlamentario de Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía Berdeja, explicó que la AGE cuenta con 15 días, contados a partir de que entregó el informe al Congreso, para notificar al director de la CAPAMA, su responsable de finanzas y el de obras, del pliego de observaciones.Dijo que una vez notificada, la paramunicipal cuenta con 45 días naturales para solventar todas las observaciones, y en su oportunidad se determinará la responsabilidad de los presuntos infractores.De no atender en tiempo y forma el pliego de observaciones, o si la documentación presentada no es suficiente para solventarlo, advirtió que se iniciará el procedimiento para el fincamiento de responsabilidad resarcitoria mediante el pliego de cargos.Mejía Berdeja aseguró que si de las observaciones subsistentes al pliego de observaciones se presumieran conductas consideradas en el Código Penal, se presentarán las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General del Estado (FGE).
