Corrupción del gobierno y constructoras afecta a miles de familias

Nicasio de JesúsTlapa, Gro., (Septiembre 24, 2016).- Unos mil campesinos representados por el Consejo de Pueblos Damnificados de esta región de la Montaña, llevaron a cabo una marcha por las principales calles de esta ciudad de Tlapa, quienes exigieron que los gobiernos estatal y federal cumplan con su compromiso de reparar los daños de las tormentas de Manuel e Ingrid de hace tres años y que hasta la fecha han incumplido con sus compromisos pese a los miles de millones de pesos que han manejado.También participaron los padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos desde el mes de septiembre del 2014, quienes dijeron que como respuesta a las investigaciones del gobierno federal es decir puras mentiras, sin que ofrezcan resultados.Abel Barrera Hernández, presidente del Centro Regional de Defensa de los Derechos Humanos Tlachinollan, denunció que al actual gobernador Héctor Astudillo Flores no le ha interesado resolver el problema de los campesinos, ya que hasta la fecha no ha atendido las múltiples peticiones que le han presentado.Barrera Hernández explicó que existe la forma turbia y perversa con la que actuado la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), que en 2014 tuvo un monto autorizado por 2 mil 474 millones de pesos para el Plan Nuevo Guerrero, de los cuales reportó un avance financiero del 70.2%, mientras que para el año de 2015 tuvo autorizado un monto por 2 mil 804 millones de pesos acumulados, de los cuales ha reportado un avance financiero de un 72.9%.Sin embargo, a más de treinta meses de los eventos, la respuesta de su titular ha sido deficiente, marcada por la corrupción, su despotismo y negligencia. En un contexto cargado por la especulación y deslinde de responsabilidades, tanto empresas privadas como los distintos niveles de gobierno, se han querido lavar la cara buscado culparse unos a otros del desastre que han dejado en las comunidades.Lo que sobresale es la corrupción de los funcionarios que hicieron el gran negocio a costa de la tragedia de las familias más pobres y olvidadas. No hay región en el estado que no existan protestas de las familias damnificadas por la pésima construcción de sus viviendas o porque no han concluido los trabajos.En los municipios de Acatepec, Metlatónoc, Malinaltepec, Cochoapa El Grande, la construcción de viviendas se quedó trunca. En el caso particular de la comunidad de La Ciénega, municipio de Malinaltepec, que tiene 9 viviendas programadas para su reconstrucción por pérdida total, se denunció ante la SEDATU el abandono de la empresa constructora. La dependencia simplemente ignora a los damnificados. Otro caso similar es el municipio de Tlacoapa, una de las cabeceras municipales que sufrió daños severos, y que la actual titular de la SEDATU, Rosario Robles, anunció en 2014 que iba a realizar inversiones millonarias para resarcir todos los daños causados, sin embargo, a tres años de la tragedia, la población padece los mismos estragos.La pésima atención a las comunidades desplazadas es el producto de la corrupción que impera en los círculos gubernamentales.A pesar de los dictámenes que se emitieron para que varias comunidades fueran reubicadas, las autoridades evadieron su responsabilidad de comprar o conseguir terrenos para las familias desplazadas. Los abandonaron a su suerte, al grado que la población damnificada ha tenido que resignarse a vivir sobre las grietas que atraviesan sus pueblos.Las comunidades que están en el filo de Malinaltepec como El Tepeyac, Filo de Acatepec, Unión de las Peras, El Tejocote, La Lucerna, Moyotepec y San Juan de las Nieves, son ejemplos vivos de la rapacidad de las autoridades y de sus empresas que se embolsaron el dinero en lugar de apoyar en la reubicación de las comunidades desplazadas.También participaron en esta marcha el Colectivo El Grito; la marcha concluyó con un mitin en la explanada del Palacio Municipal de esta ciudad de Tlapa.