Defraudados por la caja de ahorro del STTAISUAG denuncian “robo de recursos”

Chilpancingo, Gro., (Septiembre 5, 2018).- Defraudados por la caja de ahorro del Sindicato de Trabajadores Técnicos Administrativos y de Intendencia al Servicio de la Universidad Autónoma de Guerrero (STTAISUAG), denunciaron públicamente que el robo de los recursos se realizó en contubernio con autoridades estatales y de la Universidad.El fraude millonario ocurrió en el mes de diciembre del año 2016, en esa fecha se retuvieron los ahorros de mil 500 trabajadores, con el tiempo se les fue pagando poco a poco a aquellos que ahorraron cantidades pequeñas. Actualmente se calcula que aún se les adeuda a 300 trabajadores.Pedro Salazar Trinidad, trabajador de la Unidad Académica de Ciencias Ambientales y Agropecuarias en Iguala, dijo que son alrededor de seis y ocho millones los que se les adeuda a los empleados de la Universidad Autónoma de Guerrero. Recordó que la auditoría interna de la Universidad realizó una auditoría a la caja de ahorro durante los cuatro años en que estuvieron comisionados se logró detectar la desaparición de 12 millones 800 mil pesos.Han transcurrido 22 meses desde que se cometió el “robo” y ni la actual Comisión Profesionalizada de Caja de Ahorro ni el Comité Ejecutivo Central (CEC) del STTAISUAG han intervenido en el caso, justificando que el robo no ocurrió durante su administración.Dijo que el CEC se deslinda del problema porque seis de los integrantes que formaban parte de este comité durante la administración 2012-2016 se reeligieron para el periodo 2016-2020, a pesar de que en el último año de su periodo se realizó el desfalco en el que nadie fue sancionado ni despedido ni expulsado por el robo.Mencionó que el rector Javier Saldaña Almazán ya fue notificado sobre el problema y que, incluso, se le pidió su apoyo pero se negó, contrario a ello ha pedido a algunos trabajadores que se desistan de solicitar el pago de ahorros.Los inconformes también denunciaron que la secretaria general del STTAISUAG, Brenda Alcaraz, junto con el rector Javier Saldaña Almazán y autoridades del Gobierno del Estado han sido cómplices de los defraudadores debido a que no han querido resolver el problema que mantienen los empleados desde el 2016.