Baldemar GómezChilpancingo, Gro., (Agosto 13, 2018).- Policías estatales despedidos en el 2017 por denunciar una serie de irregularidades en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), informaron este lunes que el juzgado séptimo federal con sede en Chilpancingo ha emitido un fallo a su favor, y ordena que el gobierno estatal realice el pago de salarios a los 176 policías, entre hombres y mujeres, que fueron cesados.En conferencia de prensa, en las instalaciones de la Comisión de estatal de los derechos humanos (CODEHUM), el policía José Muñoz Franco dio lectura a parte de la sentencia emitida por el juzgado federal, con fecha del pasado 9 de agosto del presente, y destaca “que se da un plazo de tres días hábiles para cumplir con la recomendación, o de lo contrario se caerá en un desacato federal”.De acuerdo al denunciante, la sentencia va contra el titular de la SSP, Pedro Almazán Cervantes a quien le ordena autorice el pago de salarios caídos de los policías, que llevan más de un año y medio sin cobrar, y sin ser liquidados con base a la ley.Policías estatales despedidos recordaron que, desde el mes de mayo de 2017, solicitaron ante los juzgados federales emitiera la sentencia sobre su demanda contra el secretario de Seguridad Pública estatal, Pedro Almazán Cervantes, por abuso de autoridad y despido injustificado, y para ordenar el pago de sus quincenas que les adeudan.Comentaron que 54 ex policías estatales aceptaron su liquidación, mientras que 120 “continuamos en la lucha para defender nuestros derechos y por lo que nos corresponde… Nosotros somos policías activos, nos separaron del servicio, tenemos que pelear hasta el último porque es nuestro derecho, nos dejaron vulnerables a nuestras familias, por eso estamos aquí, para darle seguimiento en nuestro caso”, declaró.Como se recordará el pasado 29 de mayo de 2017, unos 600 policías estatales de las regiones Centro, Chilapa y Mártir de Cuilapan (Apango), pararon labores en el cuartel, en Chilpancingo, para exigir al gobernador y al secretario de Seguridad Pública estatal, una jornada laboral de tres días de descanso por tres de trabajo, y un bono de riesgo de 3 mil 500 a 12 mil pesos.Dos días después terminaron el paro, y el 31 de mayo la Secretaría informó en un boletín que había dado de baja definitiva de la corporación a 176 policías que incurrieron en una conducta violatoria de ley.A un año del despido de policías estatales después de que exigieron respeto a sus derechos laborales, un juzgado federal emitió una resolución en contra el secretario de Seguridad Pública estatal, Pedro Almazán Cervantes, y de acuerdo con los resultados para que se les pague sus quincenas caídas.“Nosotros mandamos oficios al secretario particular del gobernador Astudillo Flores para que nos recibiera en su oficina para tratar el asunto del despido injustificado y llegar a un arreglo, pero nunca nos atendido al igual que Almazán Cervantes”, declaró.Muñoz Franco comentó que ante la falta de apoyo de Gobierno del Estado recurrieron a las instancias federales para defender sus derechos laborales, “nos las hemos visto duras este tiempo, pero seguimos en la lucha”. Explicó que el juzgado federal y la CNDH al emitir la resolución en contra de Almazán Cervantes, y además indica que sean pagados conforme a la ley, y la reparación del daño de acuerdo con los resultados del proceso de la demanda laboral que presentaron.Dijo que sus compañeros para llevar dinero a sus familias trabajan de albañiles y ayudantes de albañiles, “eso hacen mis compañeros para llevar la comida a sus casas porque no tenemos un salario, nos despidieron de manera injusta y sí la estamos viendo duras”, concluyó.
