Chilpancingo, Gro., (Junio 26, 2017).- Guerrero vive una situación crítica y ya insostenible en materia de procuración de justicia; no solamente por la falta de procuración de justicia, también por la ausencia de investigación, al aumento de la desconfianza de la ciudadanía en los ministerios públicos y miedo a la Policía Ministerial, denunció la diputada local, Maricarmen Cabrera Lagunas.Durante la comparecencia del fiscal del estado, Xavier Olea Peláez, lo acusó de ser el responsable, por la inexistente procuración de justicia, de la mayor impunidad vivida en los últimos tiempos, “nos encontramos en una situación en la que la gran mayoría de las y los guerrerenses saben a ciencia cierta que no hay quién los defienda, que no hay quién les procure justicia”.Relató que las investigaciones realizadas por el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia, ubican a Guerrero en el sexto lugar de entre las 32 entidades federativas con un grado de impunidad muy alto de 73.19; comparativamente muy por encima de Campeche y Nayarit, cuyo grado de impunidad alcanza el 47.22 y el 50.42 respectivamente.Conforme a los datos proporcionados por el portal Web de Semáforo Delictivo, Guerrero se encuentra en el primer lugar de las 32 entidades federativas con una cifra negra del 97.5 por ciento; es decir, sólo 2.5 del total de delitos cometidos en nuestra entidad se denuncian. Le siguen el Estado de México con 95.4 y Veracruz con el 94.8 por ciento.La cadena de impunidad es alarmante: según el Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia del total de averiguaciones previas iniciadas y carpetas de investigación abiertas, pasaron al proceso de causa penal el 23 por ciento, y de éstas, sólo el 6 alcanzaron sentencia condenatoria. Lo anterior, sumado a la cifra negra, indica que en Guerrero la procuración e impartición de justicia es poco más que nula.Po lo que acusó al fiscal Xavier Olea de no construir durante el tiempo de su encargo, un modelo para la Fiscalía General del Estado acorde a las condiciones actuales y propias de nuestra entidad; “no ha podido construir una política pública en materia de procuración de justicia, no hay un solo elemento en su discurso, en sus informes, que denote el trazo de una política pública en esta materia; y esto es así, porque es evidente que no tiene el conocimiento y la capacidad necesarios para ello; y tampoco tiene claro el objeto social y humano de la procuración de justicia”.Manifestó que la realidad ha rebasado a la Fiscalía. “Quedó en evidencia que no hay modo, ya no de construir un nuevo modelo, sino siquiera de contar con una estrategia que permita abatir el rezago y atender los casos más relevantes. Y el problema aquí no es técnico, el problema es que se le está fallando a la ciudadanía. La ciudadanía tiene derecho a una justicia pronta y expedita, y la Fiscalía -como lo hemos visto- no lo está cumpliendo.
