Carlos NavarreteChilpancingo, Gro., (Agosto 17, 2017).- El priísta Héctor Vicario Castrejón fue inhabilitado por la Secretaría de la Función Pública (SFP), en consecuencia no podrá ejercer ningún cargo en el servicio público durante los siguientes diez años, pero sí podrá ocupar cargos de elección popular, por lo tanto, no tiene ningún impedimento para continuar su periodo como legislador.De acuerdo al Sistema de Registro de Servidores Públicos sancionados por la SFP, el pasado 9 de agosto el órgano interno emitió la resolución en contra de Vicario Castrejón por presunta negligencia administrativa cuando fungió como delegado en Guerrero de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).La inhabilitación comenzó a partir del pasado vienes y concluirá el 8 de agosto de 2027, el caso está registrado con el número de expediente 0061/2017; sin embargo existen criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), los cuales señalan que tratándose de cargos de elección popular en el momento del sufragio, reside la verdadera soberanía del pueblo, y precisa “ninguna dependencia de gobierno en sus determinaciones puede ir en contra de la voluntad popular”.En ese sentido, Vicario Castrejón está inhabilitado para ocupar cualquier cargo público, municipal, estatal o federal, mas no así en cargos de elección popular.VICARIO IMPUGNARÁ RESOLUCIÓN DE LA SFPTras ser inhabilitado por la Secretaría de la Función Pública (SFP) por presunta negligencia administrativa, el diputado local, Héctor Vicario Castrejón, dio a conocer que impugnará esa resolución.Entrevistado esta tarde vía telefónica, el legislador explicó que el fallo del Órgano Interno de Control de la SFP no es definitivo, pues la ley le garantiza el derecho a defenderse, por lo que tiene un plazo de 15 días para presentar elementos probatorios que echen abajo el señalamiento que se le imputa.Dijo que presentará 21 pruebas ante esa instancia y aclaró que una vez que inicie el proceso de impugnación, la inhabilitación quedará suspendida hasta que el caso sea resuelto por completo. Si el Órgano Interno de Control ratifica su decisión, el diputado advirtió que recurrirá al Tribunal de Justicia Administrativa.“Cuando menos en el tramo que a mí me tocó como responsable todo estaba trabajando normalmente, sin contratiempos y eso es lo que yo habré de demostrar que hasta el momento de mi salida todo estaba en tiempo y forma trabajando y dando resultados”.Se informó que Vicario Castrejón fue inhabilitado por la SFP, en consecuencia no podrá ejercer ningún cargo en el servicio público durante los siguientes diez años. De acuerdo al Sistema de Registro de Servidores Públicos Sancionados, el pasado 9 de agosto el Órgano Interno de Control emitió esa resolución por negligencia administrativa cuando el diputado fungió como delegado en Guerrero de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu).Cuestionado al respecto, Vicario negó que durante su administración como delegado haya actuado con dolo o contraviniendo la ley, sin embargo no descartó que algún procedimiento administrativo se haya aplicado de manera incorrecta, lo que pudo derivar en su inhabilitación.Recordó que tras el impacto de las tormentas Ingrid y Manuel en Guerrero, en septiembre de 2013, la delegación de Sedatu fue una de las más demandadas para atender a la población afectada, por lo que tuvo que emprender acciones emergentes, en las que probablemente se aplicó mal un procedimiento.“En el 2013, te tocó ver la magnitud del desastre de lo que ocurrió en el estado de Guerrero, entonces era tanto lo que había, que lo que nosotros tratábamos era darle respuesta a la gente que resultó afectada, era tal la magnitud y a lo mejor hubo algunos procesos administrativos, algunos procedimientos que no se realizaron de manera puntual, pero no fueron actos premeditados, sino que fueron motivados por la misma circunstancia de la emergencia”.Afirmó que cuenta con 21 elementos de prueba que confirman su versión de que no actuó de manera irregular cuando fue delegado, y aclaró también que en su resolución la SFP no hace ningún señalamiento de corrupción o desvío de recursos.“Pero lo que sí debe quedar muy claro es que se trata de un asunto administrativo, es un asunto administrativo, no es un asunto ni de corrupción ni de ninguna otra circunstancia”.En cuanto a su situación como diputado, explicó que la decisión de la SFP no le afecta, toda vez que ese cargo es de elección popular y no forma parte de la administración pública federal, estatal o municipal, que es el ámbito en el que se le prohibió laborar.
