* Se busca fortalecer la seguridad en zonas conflictivas.
Víctor Robles
Zihuatanejo, Gro., (Agosto 15, 2022).- En los últimos siete meses y medio han llegado al Estado de Guerrero más de mil 800 soldados del Ejército mexicano y de la Guardia Nacional, con la finalidad de reforzar los operativos en los distintos municipios del estado que presentan altos índices de violencia, como son Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Chilapa y Zihuatanejo, entre otros.
El pasado fin de semana arribó más personal castrense y de la fuerza civil, que han conjuntado esfuerzos para disminuir los índices delictivos en las 7 regiones del Estado de Guerrero, en total suman 715 nuevos elementos que realizarán patrullajes
De acuerdo con la información dada a conocer por las autoridades militares, llegaron 500 soldados para Chilpancingo, y 216 de la Guardia Nacional para el puerto de Acapulco, como parte de la estrategia en materia de seguridad pública nacional.
Los agentes de la Guardia Nacional llegaron a Guerrero e ingresaron a las instalaciones del 50 Batallón de Infantería en la 35 Zona Militar, en Chilpancingo.
Autoridades militares detallaron que con los guardias nacionales llegaron 56 vehículos y operarán en la región Centro de Guerrero que comprende 12 municipios.
Este es el quinto reforzamiento que hace la Guardia Nacional en Guerrero durante este 2022.
El 5 de julio la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó de la llegada de 300 efectivos para trabajos de seguridad tan solo en el municipio de Chilpancingo.
El 6 de julio, 200 agentes más de la Guardia Nacional llegaron a Acapulco para patrullar colonias y comunidades; el 17 de julio se informó de la llegada de 200 soldados más.
El 4 de agosto, 300 soldados del Ejército llegaron a Acapulco para colaborar en dicho lugar y la Costa Chica en asuntos de seguridad.
Ante el aumento de la violencia en municipios de la zona Centro de Guerrero en donde se disputan el territorio dos grupos delictivos.
En poco más de un mes, este es el segundo operativo de fuerzas de seguridad federal que se pone en marcha en esta zona de Guerrero.
Apenas el pasado 5 de julio, arribaron a esta capital 300 elementos de la Guardia Nacional.
En los últimos tres meses, la violencia ha aumentado en varios municipios que comprende la zona Centro del Estado, como Chilpancingo, Zumpango de Neri, Tixtla, Quechultenango y Leonardo Bravo.
Informes de la Fiscalía General del Estado (FGE) aseguran que en esta zona la pugna por la disputa del territorio está entre las organizaciones criminales de Los Tlacos y Los Ardillos, la primera es liderada por Onésimo Marquina y la segunda por los hermanos Iván y Celso Ortega Jiménez.
Ambos grupos tienen también el control político y territorial en estas demarcaciones.
En Chilpancingo, la inacción de las autoridades estatales y municipales para frenar la inseguridad ha sido criticada por los organismos empresariales.
La alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, ha justificado que el municipio cuenta con tan solo una plantilla de 112 policías preventivos.
Los contingentes de soldados pertenecientes a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) han arribado para participar en los operativos Santa Lucía y Reforzamiento de Seguridad Guerrero, con la finalidad de disminuir los índices de violencia y garantizar la integridad de los guerrerenses y turistas.
De acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, en lo que va de 2014 Guerrero se ubica como la segunda entidad con el mayor número de homicidios dolosos, la sexta en secuestros y la doceava en extorsiones.
El 67.6% de la población del estado se encontraba en situación de pobreza en 2010, de las cuales 31.6% vivían en extrema pobreza.
La entidad enfrenta un rezago social “muy alto” que la ubica en la primera posición a nivel nacional, seguida de Oaxaca y Chiapas.
En 2010, cerca de 17% de la población mayor de 14 años de Guerrero era analfabeta y 54% no contaba con la educación básica completa.
Cerca de 7 de cada 100 niños en edad de cursar la educación básica no asistía a la escuela.
El estado ha enfrentado distintos tipos de violencia: política, social y delincuencial.
En el Estado de Guerrero se produce alrededor de 90% de la amapola del país.
De los nueve carteles de la droga que existen en México, cuatro han extendido su presencia en el Estado de Guerrero, además de las células y facciones criminales que basan sus actividades en la extorsión y el secuestro en dicho estado.
La entidad registró el índice más alto del país, con 63 homicidios por cada 100 mil habitantes, lo que representa más del triple del promedio nivel nacional de 19 por cada 100.
Cinco de los 20 municipios con las tasas más elevadas de homicidios en México pertenecen a Guerrero: Acapulco, Zihuatanejo, Iguala, Chilpancingo y Taxco.
El municipio de Acapulco registró en 2012 el índice más elevado de homicidios; cerca de 8 veces superior al promedio nacional, es decir, de 142.88 defunciones por cada 100 mil habitantes contra 17.97.
La Policía Federal, el Ejército y la Marina tienen el control de la seguridad pública de los dos núcleos urbanos más importantes del Estado de Guerrero y de 13 ayuntamientos más.
La violencia en el estado ha generado diversos desplazamientos de población, con una ruptura de los lazos afectivos dentro del núcleo familiar y comunitario, el abandono de sus actividades laborales y el desarraigo cultural, y de identidad hacia sus comunidades.
El Estado de Guerrero vive un deterioro en materia de seguridad pública que se hizo evidente con la desaparición forzada de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl “Isidro Burgos” de Ayotzinapa y el asesinato de seis personas. Estos hechos no son coyunturales, sino que tiene como antecedente una larga cadena de violación a los derechos humanos en el Estado de Guerrero. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Guerrero se ubicaba como la segunda entidad con el mayor número de homicidios dolosos, la sexta en secuestros y la doceava en extorsiones.
Se aborda el tema de la violencia en el Estado de Guerrero, particularmente la que se deriva de la presencia de los grupos del crimen organizado que operan en el estado y sus efectos en incremento de los homicidios, su infiltración en los cuerpos de seguridad, la reactivación de los grupos insurgentes y el desplazamiento de la población de sus comunidades de origen. (Con información de Enfoque)
