Zihuatanejo
Maestros toman caseta de peaje Feliciano durante cinco horas
Zihuatanejo, Gro., (Julio 6, 2016).- Con la toma de cinco horas de la caseta de peaje Feliciano en la Autopista Siglo XXI, maestros de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación Guerrero (CETEG) de Petatlán, La Unión y Zihuatanejo, buscan ejercer más presión al gobierno y echar abajo la Reforma Educativa.La toma pacífica inició a las nueve de la mañana de manera coordinada en todas las casetas de Guerrero, en la Costa Grande, los docentes se apoderaron temporalmente de las ubicadas en Tecpan de Galeana, Atoyac, San Jerónimo, Coyuca y La Unión.En la caseta de Feliciano, los maestros informaron a los automovilistas que por ese lapso sería de paso sin cobro por acuerdo nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en demanda a la derogación al artículo tercero.Consultado en la toma, Manuel Salvador Rosas Zúñiga lamentó que exista una mesa de diálogo con simulación por parte del gobierno, ya que aún no se ha tenido respuesta.Informó que en la movilización están participando alrededor de 300 compañeros que se turnan en las diversas actividades.Durante las horas de la toma, los maestros mostraban pancartas en repudio a la Reforma Educativa, y condena a Enrique Peña Nieto y sus subordinados por impulsar una reforma lacerante para el pueblo.Los docentes también entonaron consignas y cánticos, mientras pintaban leyendas de apoyo en los parabrisas de las unidades. A la protesta, también se sumó la Sección 18 de Lázaro Cárdenas, Michoacán, ahí, Félix Moreno Galindo dio a conocer que sus compañeros mantenían un bloqueo sobre la vía del tren, en la zona comercial.La caseta de cobro de Feliciano fue tomada con tranquilidad y contrario a lo que se realizó en otros sitios, no se detuvo a camiones de transnacionales. Recalcaron a los automovilistas que la Reforma Educativa se basa en la Ley de Servicio Profesional Docente, que en sus artículos 22 y 28, hablan sobre la autonomía de gestión.Zúñiga explicó que esto pretende que a través de un Consejo de Participación Social, formado por padres y maestros gestionen y obtengan recursos para mantenimiento, material educativo, construcción de aulas, mobiliario y servicios de las escuelas. Con lo anterior, el gobierno se deslinda de su obligación constitucional de proporcionar recursos para las escuelas.