Opinion

MÉDULA

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DETENGAN A LOS “CHACALES”

Jesús Lépez Ochoa

Hace 34 años pasó en Acapulco, la semana pasada en la Ciudad de México. Secuestradas, ultrajadas, ahorcadas y abandonadas, Merle Yuridia, de seis años de edad, en un terreno baldío del fraccionamiento Costa Azul; Fátima, con siete cumplidos, dentro de una bolsa de plástico en la alcaldía de Coyoacán.

En 1986 el cobarde asesinato de Merle Yuridia sacudió al país. Se capturó a los responsables, un junior acaudalado y su mozo que le ayudó a cometer la atrocidad (éste se suicidaría en prisión), pero la presión social no fue suficiente para que en el Poder Judicial se abstuvieran de corromperse y finalmente Alejandro Braun Díaz, el violador y asesino de la niña al que la prensa bautizó como “El Chacal de Acapulco”, salió en libertad en 1988.

Sólo un par de años preso por haber destrozado a una familia entera, gracias a un maletazo de 500 mil dólares al ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Ernesto Díaz Infante, quien huyó y fue capturado en el año 2001 y dejado en libertad en 2004. En prisión la SCJN le siguió pagando su pensión de más de un millón de pesos anuales, hasta su muerte en el año 2006.

Mario Alberto Reyes Nájera y Gladis Giovanna Cruz Hernández, quienes cometieron el deleznable crimen contra la niña Fátima, no tienen la misma capacidad económica para corromper y a diferencia de la década de los 1980 hoy existen las redes sociales que incrementan la presión social y la vuelven más inmediata.

No obstante, el Estado no debe perder de vista perseguir la corrupción tanto en Poder Judicial como en al sistema penitenciario, éste último reprueba año con año los diagnósticos que realiza la Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Los feminicidios y en particular los aberrantes crímenes contra niñas como Fátima, e incluso contra adolescentes como Jaqueline en Coyuca o Hannia en el Infonavit Alta Progreso de Acapulco, son la peor evidencia de que el Estado sigue fallando en garantizar la seguridad y la justicia.

Cuando hablo de Estado no me refiero al presidente Andrés Manuel López Obrador, al gobernador Héctor Astudillo Flores, al presidente municipal de Coyuca, Alberto de los Santos, o a la alcaldesa de Acapulco, Adela Román Ocampo.

El Estado tiene: 1.- Gobierno (Encabezado por los mencionados en su respectivo nivel). 2.- Pueblo (Nosotros). 3.- Territorio (País, estados, municipios, comunidades). 4.- Estado de Derecho que lo legitima (organizado en la división de poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial).

Es decir, la mesa tiene cuatro patas y está coja en más de una.

En el tema que nos ocupa, la violencia feminicida está claro que ha faltado acción a los gobiernos, educación y conciencia al pueblo (sobre todo a los hombres nos guste o no reconocerlo), la recuperación del territorio en donde se advierte ausencia del Estado, no solamente en materia de delincuencia, si no de transporte, vía, alumbrado y espacios públicos, también se requiere legislación, pero ésta no servirá de nada si no se depuran de corrupción los cuerpos policíacos, los juzgados y los penales.

Es importante no perder de vista todos estos factores para que desde el Estado no se responda equivocadamente a la lucha de las mujeres contra el machismo y su más fatal consecuencia, la violencia feminicida.

Aunque no esté de acuerdo respecto la desconfianza presidencial hacia el movimiento feminista y a #UnDíaSinNosotras.

De la misma manera no coincido con el movimiento en criminalizar a todos los hombres y excluirlos de participación, como si John Stuart Mill no hubiera sido feminista y que pese al pensamiento progresista de él y de Harriet Taylor, ambos no se atrevieron a vivir en unión libre sin contraer matrimonio (acto conservador, por cierto) una vez que ella enviudó, pero respeto su postura, su lucha, e incluso aplaudo el que se pronuncien contra políticos oportunistas y hasta los corran de sus manifestaciones.

No se trata de apoyar o afectar al presidente, al gobernador, a la alcaldesa o al comisario en funciones. Se trata de que todos abramos los ojos y veamos más allá de personajes o proyectos políticos para visibilizar el grave problema y que se tomen acciones para que no haya más Alejandros Braun, Marios, ni Giovannas cometiendo bestialidades, pero sobre todo, nunca más una Merle Yuridia, Fátima, Jaqueline o Hannia padeciéndolas.

Han pasado 34 años y lamentablemente muchos chacales como el de Acapulco andan sueltos. ¿Qué esperan las autoridades para detenerlos? ¿Qué esperamos nosotros-pueblo para educarnos en nuevas masculinidades?
jesuslepez@enterado.mx

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