EX MAGISTRADOS EN LA MIRA POR LOS 43
Jesús Lépez Ochoa
Lo que volvimos a ver en el Congreso de Guerrero es la más clara muestra del fracaso de la nueva investigación abierta por el actual gobierno federal sobre el caso Iguala.
Los padres de los 43 desaparecidos, los demás normalistas y la gente en general no se traga el cuento de que la llamada “verdad histórica” fue sepultada por una nueva “verdad”, derivada del descubrimiento de una osamenta a menos de un kilómetro del basurero de Cocula donde nació la anterior.
Así lo expresaron los normalistas hace un par de meses (el 17 de julio), cuando para variar también atacaron con bombas molotov la sede del Poder Legislativo en Guerrero.
En esta ocasión el edificio del Congreso volvió a ser el blanco de los petardos y la Comisión Especial para el Caso Iguala el arco para lanzarle el dardo de su incredulidad al nuevo gobierno federal, que es responsable ahora de esclarecer el asunto.
No hay que perder de vista que la creación de la Comisión fue solicitada por el Grupo Parlamentario de MORENA, el partido del presidente Andrés Manuel López Obrador, desde septiembre de 2018, pero se pasó a discusión del Pleno del Congreso de Guerrero y se aprobó hasta octubre del año pasado, un par de meses después de que en la Fiscalía General de la República se crea la Unidad Especial para investigar el caso y se nombra a Omar Gómez Trejo como fiscal a cargo de las nuevas indagatorias o sepulturero de la “verdad histórica”.
A él es a quien habría de preguntársele, y seguramente lo harán en sus movilizaciones en la Ciudad de México, si ya citó a comparecer a la ex presidente del Tribunal Superior de Justicia, Lambertina Galeana Marín, quien dijo que no existían videos de las cámaras del Palacio de Justicia de Iguala de los días 26 y 27 de septiembre de 2014, cuando se presume que de ahí se llevaron a un grupo de los normalistas, o a su antecesor Robespierre Robles Hurtado, quien en 2016 informó que éstos habrían sido entregados a la entonces PGR.
Anoche mismo circulaba la especie de que ya existe en la FGR un planteamiento serio de emitir incluso orden de presentación contra ambos ex titulares del Poder Judicial de Guerrero para resolver de una vez el asunto, luego que un juez desechó un amparo a Francisco Ornelas Delgado, el agente del Ministerio Público adscrito a la Subprocuraduría Especial de Investigación en Delincuencia Organizada (SEIDO), quien habría recibido los videos.
Y de ahí que cobró especial relevancia que el Congreso llame a comparecer al actual presidente del Tribunal Superior de Justicia Alberto López Celis, para que revele si alguno de sus antecesores emprendió, o no, acciones legales sobre la desaparición de los videos de seguridad.
Si bien es una vieja demanda de los padres, y la hicieron verbalmente el año pasado cuando participaron en la tribuna del Congreso, fue apenas un par de días antes del nuevo ataque a la sede del Legislativo, como parte de las jornadas de lucha por el sexto aniversario de la desaparición de los jóvenes, cuando la realizaron por escrito, como lo establece el derecho de petición en el artículo 8 de la Constitución.
¿A poco el abogado de los padres Vidulfo Rosales ignoraba que así se presentan las solicitudes a las instituciones? ¿Por qué dejó pasar todo un año para hacerlo y en seguida reclamarlo en un mitin?
El dardo fue lanzado y lleva el mensaje de que no importa cuántas comisiones se formen, no creen en el gobierno, en sus investigaciones, ni en su nueva “verdad”, por lo que no seguirán los canales institucionales si no que continuarán con sus formas no convencionales de acción política hasta lograr sus objetivos, uno de los cuales, son los ex magistrados.
