Baldemar GómezChilpancingo, Gro., (Marzo 28, 2017).- Abel Barrera Hernández, coordinador del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, consideró que las declaraciones del obispo Salvador Rangel, encargado de la Diócesis Chilapa-Chilpancingo, no deben de quedarse en lo mediático, sino que debe investigarse a fondo toda esta situación, “porque se tocaron fibras muy sensibles del gobierno del estado y federal”.Al ser entrevistado, señaló que debido a la situación que tiene en la entidad, las declaraciones que hizo el obispo de la Diócesis Chilpancingo-Chilapa, Salvador Rangel, en el sentido de que el gobierno estatal “negocia por debajo de la mesa con la delincuencia organizada”, se entienden porque no hay alternativa para resolver el problema de la macro criminalidad.Insistió que solamente busca el diálogo “sin tener una base previa, o una plataforma que tiene que ver con el desmantelamiento de las estructuras que hay dentro de las instituciones de gobierno, sentimos que no tendría mucho impacto y repercusión”.Barrera Hernández insistió en que “se investiguen todas las líneas, de la vinculación de la delincuencia con los grupos de poder locales. Hay que empujar más en las líneas de investigación, entre las policías, el Ejército, con los grupos delincuenciales”, advirtió.Subrayó, “estamos hablando de estructuras que están colapsadas por el crimen, y también regiones controladas por el crimen organizado”.Y que la Iglesia ha sido un factor que ha facilitado el diálogo, y creo que por una parte, esa propuesta, para nosotros como organismos de derechos humanos es importante siempre y cuando “no se enmarque nada más con los grupos que se encuentran enfrentados, y donde se están disputando territorios por el trasiego de la droga”.Pero que en varias comunidades los pobladores tienen más confianza en los grupos delincuenciales “porque hay un vacío de parte de las instituciones de seguridad. Este vacío que hay en las regiones pobres, en donde ni siquiera el presidente municipal está presente, es parte del vacío de autoridad que permite que esos grupos armados cubran ese hueco, y ese es el vacío que deja el gobierno para que los grupos delincuenciales suplanten las funciones de seguridad, que son una especie de un mal menor”, concluyó. (ANG)
