Organizaciones se oponen a la militarización en comunidades de Guerrero

Carlos NavarreteChilpancingo, Gro., (Junio 29, 2017).- Organizaciones indígenas presentaron hoy ante el Congreso de Guerrero una iniciativa de reforma integral a la Constitución Política local, a fin de evitar la militarización y la invasión de sus comunidades para la instalación de empresas mineras.Este jueves integrantes de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), del Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña (CCDM), del Frente Popular de Tlapa (FPT), del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a la Parota (CECOP), del Frente de Comunidades por la Defensa de los Derechos Colectivos en la Montaña (Frecoddec) y del Centro de Derechos Humanos Tlachinollan se reunieron con diputados del PRD, MORENA y Movimiento Ciudadano.En el encuentro fue presentada esa iniciativa que plantea la necesidad de garantizar a los pueblos indígenas el derecho a la consulta, previo a la expedición de concesiones de explotación de minerales a empresas extranjeras.Los representantes de las organizaciones indicaron que el caso más representativo es el de la comunidad de San Miguel del Progreso en Malinaltepec, donde la población impugnó, a través de un amparo indirecto, la constitucionalidad y legalidad de una concesión que fue otorgada a empresas mineras sin que se consultara a los habitantes.“La falta de reglamentación y de precisión sobre lo que representa el derecho a la consulta para las autoridades gubernamentales ha originado que éstas actúen con arbitrariedad en prejuicio de la integridad de las tierras y territorios de los pueblos indígenas”.Afirmaron que desde las esferas del poder y las élites empresariales se alientan conflictos intercomunitarios para dividir a los comuneros o ejidatarios y así obtener su anuencia para introducir las mineras a sus municipios.“La presente iniciativa de reforma constitucional, redefine el derecho a la consulta, a fin de clarificar el término “instituciones representativas” y blinda los acuerdos de las comunidades indígenas a través de la protección y tutela legal de sus decisiones colectivas contra la intromisión de los consorcios mineros, las fuerzas militares y policiales”.La iniciativa presentada propone también redefinir los criterios para la creación de nuevos municipios en la entidad, eliminando candados que bloquean las aspiraciones de los pueblos de constituir sus propias municipalidades.Otro planteamiento es que se garantice a las comunidades indígenas un techo presupuestal anual para ampliar la cobertura en materia de salud y educación, instaurar un sistema de becas, la construcción de viviendas dignas, pago de salarios de docentes y médicos, la constitución de programas permanentes alimenticios e instalación de medios de comunicación para las comunidades indígenas.“Estas demandas sociales y económicas no son nuevas, van acompañadas de un historial y un fuerte reclamo histórico basado en el olvido, la marginación y la constante exclusión de los beneficios de la riqueza del país.Entre otras cosas, la iniciativa propone proteger y ampliar los derechos laborales de los trabajadores migrantes, así como resarcir los daños y compensar la ocupación de los territorios indígenas por la instalación de infraestructura física de empresas privadas y paraestatales.Los diputados que asistieron a la reunión se comprometieron a analizar la iniciativa y programaron un próximo encuentro la próxima semana para que informen hasta qué punto es posible impulsar las reformas que plantean las organizaciones indígenas.