Piden empresarios nuevas alternativas de desarrollo tras eliminación de las Zonas Económicas Especiales

Chilpancingo de los Bravo, Gro., (Noviembre 22, 2019).- El presidente del Consejo de Cámaras Industriales y Empresariales de Guerrero (Concaingro), Julián Urióstegui Carbajal, solicitó al gobierno federal nuevas alternativas de desarrollo e inversión, tras la eliminación de las Zonas Económicas Especiales, en particular la que estaba contemplada entre Guerrero y Michoacán.

En entrevista, Julián Urióstegui dijo que tanto empresarios de Michoacán como de Guerrero han apoyado a sus respectivos gobernadores en este planteamiento al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Precisó que se podría reactivar esta zona ya que se tienen proyectos avanzados y había buenas alternativas de incentivos fiscales para los inversionistas.

Sin embargo, las siete Zonas Económicas Especiales (ZEE) creadas durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, como una estrategia para el desarrollo del sur del país, fueron eliminadas por un decreto firmado por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El decreto eliminó a las ZEE ubicadas en Puerto Chiapas, Chiapas; Coatzacoalcos, Veracruz; Lázaro Cárdenas-La Unión, en Michoacán y Guerrero; Progreso, Yucatán; Salina Cruz, Oaxaca, así como en Campeche y Tabasco.

Consideraron que las ZEE se establecieron con el objetivo de impulsar el crecimiento económico sostenible que, “entre otros fines, reduzca la pobreza; permita la provisión de servicios básicos y expanda las oportunidades para vidas saludables y productivas, en las regiones del país que tengan mayores rezagos en el desarrollo social a través del fomento a la inversión, la productividad, la competitividad, el empleo y una mejor distribución del ingreso entre la población”.

Sin embargo, “no han podido operar, en virtud de que a la fecha no se ha otorgado permiso o asignación alguno como administrador integral por no haberse cumplido los requisitos legales”.

El documento precisa que la presente administración federal ha determinado la necesidad de reorientar el modelo de desarrollo, redimensionar y relocalizar las prioridades de la inversión pública, de tal manera que puedan darse las condiciones indispensables para generar el gran impulso que desde hace décadas se requieren en las distintas regiones del país.