Opinion
PLAN NACIONAL PARA EL COMBATE A LA INSEGURIDAD Y LA VIOLENCIA
Moisés Alcaraz JiménezLa grave crisis de seguridad pública que se padece en todo el país y que de manera ya intolerable se siente en estados como Guerrero, obligan a tomar medidas de fondo para alcanzar las verdaderas causas profundas que la generan y crear las estructuras institucionales eficaces para el cumplimiento de objetivos y propósitos.Este miércoles AMLO dio a conocer el plan de seguridad que aplicará durante su gobierno. No obstante que ha recibido fuertes críticas de ONG y organismos internacionales defensores de derechos humanos, así como de partidos políticos de oposición, el plan tiene aspectos positivos a destacar.Primeramente, a diferencia de los anteriores programas de seguridad, en esta ocasión no sólo se ataca a la violencia con más violencia, sino que se va más a fondo del problema hasta alcanzar las causas profundas de la inseguridad que nos agobia, como las carencias sociales y la falta de oportunidades de desarrollo de millones de personas.Hay tres aspectos más que se consideran en este plan y que en los programas anteriores no fueron contemplados.Ellos son: el combate a las cadenas de corrupción en las áreas ministeriales e instancias de administración y procuración justicia; a lo que se debe agregar, como tercer aspecto, la regularización de la producción, distribución y consumo de drogas y, finalmente, el plan de pacificación del país que incluye una amnistía a infractores, condicionada al otorgamiento del perdón por parte de las víctimas.Sobresale en este plan la creación de la Guardia Nacional, un aspecto que también generó mucha polémica, pues se argumenta que con ello continuará la militarización del país.No obstante, hasta ahora, en la situación de crisis de inseguridad que padecemos, no hay ninguna corporación policiaca con la que se pueda enfrentar, con éxito, a la delincuencia.El mantenimiento de las fuerzas armadas en materia de seguridad pública, tiene que ser bajo condiciones críticas y de manera temporal, así lo establecen precedentes establecidos por la CIDH.Además de oposición, el plan ha empezado a recibir nuestras de apoyo, como el expresado ayer por el sector empresarial representado en la Coparmex y otros organismos de la iniciativa privada. Legisladores de oposición también han empezado a dar muestras de respaldo a este plan.