Carlos NavarreteChilpancingo, Gro., (Octubre 24, 2017).- Al Congreso de Guerrero fue presentada una iniciativa para que la extorsión se castigue hasta con 25 años de prisión, esto ante las consecuencias que ese delito ha generado, principalmente en los municipios de Acapulco y Chilpancingo, donde cientos de negocios han cerrado sus puertas.La iniciativa plantea reformar el artículo 243 del Código Penal del Estado, que en su actual redacción plantea una sentencia de entre 5 y 15 años de prisión para quien cometa el delito de extorsión. La propuesta es incrementar la pena a entre 10 y 25 años de cárcel.El diputado perredista Ernesto Fidel González Pérez fue el responsable de presentar ante el pleno la iniciativa, misma que fue turnada a comisiones para su análisis y posterior dictaminación.“En los últimos meses es una escena común ver que comerciantes cerraron sus negocios y abandonaron sus viviendas para salir de sus ciudades ante las extorsiones y secuestros de los que son víctima del crimen organizado”, expresó.En su exposición de motivos, el legislador indicó que la extorsión es el segundo delito que se reporta con mayor frecuencia en el país, sólo por debajo del robo o asalto en la vía pública, además de que es recurrente que quienes lo cometen manifiesten pertenecer a grupos criminales, “razón por la cual debe abordarse como un problema crítico para la seguridad en el estado”.González Pérez afirmó que la extorsión ha obligado a las pequeñas empresas a trabajar en la informalidad, pues de esa manera la posibilidad de ser víctima del delito es menor, dando pie a la competencia desleal y a la ausencia de ingresos a los gobiernos municipales.“La extorsión se ha convertido en México en el principal freno de la inversión, el crecimiento y la productividad. El costo negativo es elevado pues se inhibe a la inversión económica y se impide la migración tecnológica de nuevas empresas, se pierden puestos de trabajo de forma cotidiana”.Por esta razón, el perredista propuso incrementar la pena en contra de quienes cometan el delito de extorsión, con una pena de entre 10 y 25 años de cárcel, con la posibilidad de incrementar la condena en dos terceras partes cuando existan agravantes.“La extorsión criminal florece a la sombra de un estado fracasado, sin orden ni paz. Los ciudadanos tienen certeza de que la autoridad no les ofrece garantías de proteger su integridad física y patrimonial, por lo que no tienen opción que integrarse a la seguridad de la protección criminal”.
