Sin solución el caso de los policías despedidos

Baldemar GómezChilpancingo, Gro., (Mayo 31, 2018).- De los 176 policías que fueron despedidos por parte del gobierno del estado muchos de ellos desistieron del movimiento, algunos más aceptaron las raquíticas indemnizaciones, pero más de 70 de ellos continúan luchando por sus derechos, ya que hasta el momento ni los han finiquitado conforme a la ley, ni los han reinstalado, a pesar de haber realizado marchas, protestas, bloqueos y contar con el respaldo de las autoridades de la Comisión de los Derechos Humanos, reveló José Muñoz, representante de los uniformados cesados.Al ser entrevistado, dio a conocer que durante todo este tiempo han llevado a cabo una lucha sin descanso, por lo que no solamente han realizado protestas y bloqueos, sino hasta toma de oficinas y varias marchas, además de pedir la intervención de las autoridades de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (CODEHUM), quienes han servido de puente con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) para que tomen cartas en el asunto.Recordó que el despido masivo hace un año se debió supuestamente a que las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública del estado (SSP) los acusaron de haber cometido violaciones al artículo 132 de la Ley de la SSP, por lo que luego de haber sido cesados, solicitaron a la Fiscalía General del Estado (FGE) investigar a quienes los han amenazado y hostigado por exigir su reincorporación al cargo.Y que en varias ocasiones se han presentado a las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos a entregar oficios al presidente de dicho organismo, Ramón Navarrete Magdaleno, a quien le han pedido en repetidas ocasiones que sea la vía o intermediario ante las autoridades del gobierno del estado para que su situación laboral se resuelva, indicó.Reiteró que él y sus compañeros que se encuentran en el mismo problema, agotarán todas las instancias necesarias a fin de que sus peticiones, tales como reincorporación al cargo, el adeudo de sus quincenas atrasadas o su finiquito, les sean solventados al cien por ciento.Por lo tanto, dijo, le han insistido a la Fiscalía General del Estado (FGE) investigue y sean castigadas las personas que han cometido esas acciones en contra de los uniformados, pero también hacia sus familias. “Se supone que la Fiscalía es para eso, para que investigue las intimidaciones, las amenazas”, expuso Jesús Muñoz.Destacó que desde que fueron despedidos de manera injustificada, él y sus compañeros han sido objeto de represalias, amenazas y de hostigamiento por andar exigiendo al gobierno del estado respeto a sus derechos humanos y laborales.Aseguró que tras su destitución, las más afectadas han sido sus familias porque dejaron de recibir sustento económico, alcanzando también la educación de sus hijos, ya que dijeron que el poco dinero que tienen no ayuda a solventar el gasto en la compra de útiles o instrumentos escolares. “A nosotros y nuestras familias nos dejaron vulnerables porque hasta hoy no cobramos ningún peso”, finalizó.